¿A qué nos referimos con “inversión de la carga probatoria”?

La inversión de la carga probatoria es el principio según el cual el deber de demostrar que se ha incumplido una Ley, corresponde al que afirma unos hechos o denuncia un acto ilegal. Es importante tener en cuenta que, en virtud del principio de facilidad probatoria, se traslada la obligación de facilitar los medios de prueba a la otra parte del procedimiento.

Tras concurrir la existencia de un daño, el mismo tiene que tener carácter efectivo, individualizado y evaluable económicamente.

En relación a lo anterior, tendrá que haber un vinculo de causalidad entre el daño provocado, el funcionamiento (normal o anormal) de los servicios públicos, y la ausencia de fuerza mayor o intervención en el acto o hecho dañoso del perjudicado.

El sistema de responsabilidad patrimonial de la Administración se configura como de responsabilidad puramente objetiva, obviando cualquier elemento de culpa y, por consiguiente, la administración va a responder de la lesión producida al particular siempre que este no tenga el deber jurídico de soportar, lo cual no es el caso, y que se den los elementos antes mencionados.

La doctrina del daño desproporcionado no solo tiene el efecto de presumir la culpa. También enlaza con el elemento causal, entendiéndose que, puesto que el daño se produjo en la esfera de actuación del médico, será precisamente su actuación la causa del resultado.

En el caso de adoptarse esta percepción del daño desproporcionado, la producción de un daño grave o muy importante no solo provoca que se presuma la culpa, sino que también el nexo causal, al suponer que el resultado se debe a la acción del médico y no a otros factores.

El principio de facilidad probatoria, que la LEC (Ley de Enjuiciamiento Civil) contempla en su artículo 217.6, se encuentra en el ámbito de la responsabilidad médica (en general) y en el de la responsabilidad de la Administración sanitaria.

Este principio implica, como elemento de valoración probatoria, la conducta procesal de las partes a la hora de practicar pruebas a las que tuviera un acceso evidente e implica también, si se llega al caso, una atemperación.

Respecto a lo mencionado anteriormente, en algunos casos puede llegar a ser posible la exoneración, si se comprueba que la parte contraria ha mantenido una conducta procesal referente a la prueba de pasividad cuando los hechos constitutivos.

El Tribunal Supremo tiende a tener en cuenta la desigual de situaciones procesales de las partes en este tipo de litigio, sirviendo de criterio de valoración la conducta procesal que en cada caso hayan adoptado los facultativos.

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